La corrupción no destruye una democracia cuando aparece. La destruye cuando se normaliza. Cuando deja de escandalizar. Cuando los partidos dejan de exigir ejemplaridad y comienzan a gestionar daños. Cuando la verdad importa menos que el relato.
El caso de Santos Cerdán representa precisamente esa degradación.
Durante años fue presentado como uno de los hombres más poderosos del PSOE, arquitecto de pactos, negociador imprescindible y figura clave en la maquinaria política del partido. Sin embargo, el mismo dirigente que ocupaba una de las posiciones de mayor influencia en la organización ha terminado situado en el centro de una investigación judicial sobre una presunta trama de corrupción vinculada al denominado caso Koldo. Los investigadores sostienen que pudo desempeñar un papel relevante en una red relacionada con adjudicaciones públicas y supuestos cobros de comisiones ilegales. Él lo niega. La Justicia sigue investigando. Pero el daño institucional ya está hecho.
Porque hay una verdad incómoda que ninguna estrategia de comunicación puede ocultar: cuando un partido llega al punto de tener a sus principales dirigentes bajo sospecha judicial por corrupción, el problema deja de ser individual.
Pasa a ser sistémico.
Durante demasiado tiempo, la política española ha convivido con una peligrosa enfermedad: la convicción de que el poder otorga impunidad. Una cultura según la cual los contratos públicos pueden convertirse en moneda de intercambio, las influencias en herramientas de negocio y las instituciones en simples instrumentos al servicio de intereses particulares.
Lo verdaderamente inquietante no son únicamente las sospechas sobre las presuntas comisiones.
Lo inquietante es el ecosistema que las habría permitido.
Las investigaciones apuntan a una posible estructura donde empresarios, intermediarios, cargos públicos y operadores políticos habrían actuado con una familiaridad incompatible con la transparencia que exige una democracia moderna. Si los hechos terminan confirmándose, no estaríamos ante un episodio aislado, sino ante un modelo de funcionamiento profundamente corrompido.
La defensa habitual ante estos escándalos suele ser tan previsible como insuficiente.
"Que actúe la Justicia."
Por supuesto que debe actuar.
Pero la cuestión política es anterior a la judicial.
Un responsable público no debería necesitar una sentencia para asumir responsabilidades. La exigencia ética de la política democrática siempre debería situarse por encima del mínimo penal.
Y sin embargo sucede exactamente lo contrario.
Se espera a la imputación.
Después a la declaración.
Después a la apertura de juicio oral.
Después a la sentencia.
Después a la apelación.
Después al Supremo.
Y mientras tanto, la responsabilidad desaparece detrás de un ejército de asesores, argumentarios y ruedas de prensa.
El caso Cerdán simboliza esa cultura de resistencia numantina que tanto daño ha causado a la credibilidad de las instituciones españolas.
Una democracia no se fortalece cuando protege a los suyos.
Se fortalece cuando los aparta.
Cuando entiende que la ejemplaridad no es una opción estética sino una obligación moral.
Tampoco puede ignorarse el contexto político en el que todo esto sucede. Durante años se construyó un discurso de superioridad ética frente a los adversarios. Se prometió regeneración. Se prometió limpieza. Se prometió una nueva forma de ejercer el poder.
Las promesas resultan especialmente dolorosas cuando chocan con los hechos.
Porque la corrupción no distingue ideologías.
No es de izquierdas ni de derechas.
Es simplemente corrupción.
Y cuando aparece, devora la autoridad moral de quien la había convertido en bandera.
Algunos intentarán reducir este asunto a una batalla partidista. Sería un error.
La cuestión no es el PSOE.
La cuestión tampoco es únicamente Santos Cerdán.
La cuestión es si España puede seguir tolerando una política donde los escándalos se suceden, los nombres cambian y los mecanismos permanecen intactos.
Los ciudadanos pagan impuestos para financiar hospitales, carreteras, escuelas y servicios públicos.
No para alimentar redes clientelares.
No para enriquecer intermediarios.
No para sostener estructuras opacas alrededor del poder.
La presunción de inocencia corresponde a los tribunales y debe respetarse escrupulosamente. Pero la exigencia de responsabilidad corresponde a la sociedad.
Y esa exigencia debería ser implacable.
Porque cuando la corrupción entra en las instituciones, no roba solamente dinero.
Roba confianza.
Y la confianza, una vez perdida, es mucho más difícil de recuperar que cualquier cantidad desviada.
Ese es el verdadero coste de casos como el de Santos Cerdán.
No el económico.
El moral.
Almeriense online
Antonio Moreno
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