María Jesús Montero: la política de la defensa incondicional y las manos quemadas

En política hay dos formas de ejercer el poder: asumiendo responsabilidades cuando las cosas salen mal o convirtiéndose en el escudo permanente del Gobierno. María Jesús Montero ha optado claramente por la segunda.

Como ministra de Hacienda y una de las principales portavoces del Ejecutivo de Pedro Sánchez, Montero ha sido, durante años, una de las voces más firmes en la defensa de todas las decisiones del Gobierno, incluso cuando posteriormente han surgido investigaciones judiciales, rectificaciones o fuertes controversias políticas.

Una de las críticas más repetidas por la oposición se centra en la política de nombramientos. Los detractores del Gobierno sostienen que determinados cargos de confianza y designaciones han respondido más a la afinidad política que al mérito o la experiencia. Cuando alguno de esos nombramientos ha terminado bajo investigación judicial, la imagen del Ejecutivo se ha resentido y las explicaciones ofrecidas por Montero han sido consideradas insuficientes por sus críticos.

También ha sido objeto de reproches por haber respaldado públicamente a miembros del entorno socialista que posteriormente han afrontado procedimientos judiciales o condenas. Sus adversarios consideran que esa defensa automática transmite la sensación de que la lealtad al partido está por encima de la exigencia de responsabilidades políticas. Sus partidarios, por el contrario, argumentan que la presunción de inocencia debe respetarse hasta que exista una resolución judicial firme.

Pero donde más desgaste político acumula María Jesús Montero es en su papel como principal defensora de Pedro Sánchez. Durante la legislatura ha salido a responder prácticamente todas las polémicas que han afectado al presidente y a su Gobierno, desde cambios de criterio político hasta decisiones especialmente controvertidas.

Esa estrategia ha provocado que la oposición la acuse de actuar más como portavoz de los intereses del presidente que como ministra de Hacienda. Para sus críticos, demasiadas explicaciones han terminado siendo desmentidas por acontecimientos posteriores, mientras que el Gobierno sostiene que muchas de esas acusaciones responden a interpretaciones políticas interesadas.

La cuestión de fondo no es únicamente si María Jesús Montero ha defendido a Pedro Sánchez —algo esperable dentro de un Ejecutivo—, sino hasta qué punto esa defensa ha debilitado la credibilidad institucional. Cuando un Gobierno convierte la comunicación política en una confrontación permanente, cualquier rectificación posterior erosiona la confianza de los ciudadanos.

La responsabilidad política exige algo más que disciplina de partido. Exige reconocer errores, asumir consecuencias y ofrecer transparencia. Precisamente ahí es donde muchos ciudadanos consideran que María Jesús Montero ha fallado de forma reiterada.

El juicio definitivo corresponde a los votantes y, cuando proceda, a los tribunales. En una democracia, la crítica política puede y debe ser firme, pero también debe apoyarse en hechos contrastados y respetar el Estado de derecho.