Begoña Gomez (La Bego).. ¿Ejemplaridad o privilegio? Cuando la política olvida la apariencia de imparcialidad

La confianza en las instituciones no solo depende de que la ley se cumpla, sino también de que los responsables públicos transmitan una imagen de respeto absoluto hacia ella. En una democracia madura, la ejemplaridad no debería ser una opción, sino una obligación.

La situación judicial de Begoña Gómez ha generado una enorme controversia política y mediática. Mientras el procedimiento judicial continúa y deberá resolverse exclusivamente en los tribunales, resulta inevitable preguntarse si quienes ocupan las más altas responsabilidades institucionales son realmente conscientes del impacto que sus decisiones tienen sobre la confianza ciudadana.

Cuando existen investigaciones judiciales abiertas, cualquier petición relacionada con viajes, permisos o medidas cautelares acaba siendo observada con lupa. No porque una persona pierda sus derechos, sino porque la ciudadanía espera un comportamiento especialmente prudente de quienes se encuentran en el centro del poder político.

La independencia judicial constituye uno de los pilares del Estado de derecho. Por ello, cualquier decisión que adopte el órgano judicial competente debe ser respetada, tanto si favorece como si perjudica a la persona investigada. Del mismo modo, cualquier insinuación de interferencia política en el funcionamiento de la Justicia sería extraordinariamente grave si llegara a producirse, y solo puede sostenerse con pruebas, no con especulaciones.

En este contexto, también resulta legítimo exigir la máxima transparencia al Gobierno presidido por Pedro Sánchez respecto a los desplazamientos oficiales, la financiación de los viajes institucionales y la separación entre actividades oficiales y privadas. Los ciudadanos tienen derecho a conocer cómo se emplean los recursos públicos y bajo qué criterios.

La democracia no necesita ciudadanos complacientes; necesita ciudadanos exigentes. Exigentes con el Gobierno, con la oposición, con los jueces y con cualquier institución que ejerza poder. La crítica política es saludable cuando se apoya en hechos, cuando respeta la presunción de inocencia y cuando evita convertir las sospechas en sentencias.

Porque la Justicia debe hablar en los tribunales y la política debe rendir cuentas ante los ciudadanos. Todo lo demás solo contribuye a deteriorar la confianza en unas instituciones que pertenecen a todos, no a un partido ni a un gobierno.